Antifraude de la UE pide a la juez los contratos con fondos europeos del ‘Tito Berni’ por 260.000 euros

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea ha solicitado a la juez María Teresa Lorenzo-Cáceres, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Tenerife que instruye el Caso Mediador, los contratos con fondos europeos por valor de 260.000 euros que fueron adjudicados a una de las empresas investigadas en esta trama de corrupción socialista. El cabecilla Antonio Navarro Tacoronte –conocido como El Mediador que da nombre a la causa– contó en sede judicial que la organización se dedicaba a exigir sobornos a empresarios y ganaderos a cambio de contratos, subvenciones o eliminar sanciones administrativas. «Es como un impuesto revolucionario, si no pagas, no hay contrato o te quitamos las subvenciones», concluyó. Entre esas adjudicaciones conseguidas a cambio de mordidas, destacan algunas que provienen de Bruselas. Por este motivo, la Fiscalía europea analiza ahora toda la documentación requerida a la magistrada para determinar si esta causa de corrupción del PSOE transciende fuera de España.

La magistrada investiga un total de 12 piezas separadas en la trama conocida como Mediador o Tito Berni –en referencia ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el principal político investigado en el procedimiento judicial–. La investigación está capitaneada por la Policía Nacional. Sin embargo, los agentes han cedido a la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil las pesquisas en relación con el general retirado Francisco Espinosa Navas, alias Papá.

Fondos europeos

En lo referente al general Espinosa, la juez acordó en un auto del pasado 16 de febrero prisión provisional y sin fianza para este detenido con el objetivo de evitar que ocultara o destruyera pruebas. Según los investigadores, Espinosa habría amañado entre 2020 y 2021 cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000 euros financiados con fondos europeos cuando se mantenía al frente del GAR-SI Sahel, un proyecto costeado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). El patronato de esta entidad está integrado por la vicepresidenta primera de Pedro Sánchez, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y la ministra de Justicia, Pilar Llop.

En relación con la adjudicación de tales contratos a la empresa de drones denominada Asesoramiento y Servicio de Drones SL (ASD SL), investigada en la causa, la FIIAPP admitió en un comunicado que dicha sociedad ha sido adjudicataria de tres concursos públicos licitados en lotes para el suministro de drones para el proyecto GAR-SI Sahel, por valor total de 89.000 euros Adicionalmente, esta empresa ha sido adjudicataria de un lote con objeto similar en el marco de otro proyecto no relacionado con GAR-SI Sahel, por valor de 174.000 euros. Esto es, más de 260.000 euros sumando los cuatro lotes.

José Drones

La empresa Asesoramiento y Servicio de Drones SL (ASD SL) que recibió los cuatro contratos investigados pertenece al empresario valenciano José Suárez Esteve, bautizado con el alias de José Drones. Éste consiguió las adjudicaciones en Mauritania, Niger y Mali gracias a su conexión primero con Antonio Navarro Tacoronte, El Mediador, y después con Francisco Javier Espinosa Navas, general de división y jefe de la misión europea en el Sahel.

Navarro Tacoronte –cuya labor era hacer de intermediario entre los conseguidores de las adjudicaciones y los empresarios– declaró ante la juez que el primer encuentro entre José Drones y el general Espinosa habría sido casual, en la terraza de un restaurante valenciano, después la relación llegó a ser tan fluida que Suárez Esteve le llegó a decir en una conversación al mediador que «todo lo que hago con África (es) a través del Papá, ¿vale?». A este mismo empresario la trama llegó a ofrecerle la posibilidad de establecer su empresa en zona ZEC (Zona Especial canaria), que consiste en una zona de baja tributación creada en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias e influir en los contratos del Gobierno canario para que obtuviese adjudicaciones.